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La estafa del reciclaje. El compromiso ecologico de los Gobiernos y grandes empresas

¿Dónde van a parar los electrodomésticos que los ciudadanos envían a reciclar? Según una investigación llevada a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a cualquier sitio menos en las plantas de reciclaje legalmente designadas para gestionar adecuadamente esos recursos peligrosos. Debido a ello, se producen daños al medio ambiente y al bolsillo de los españoles, que pagan una tasa por un reciclaje que no se lleva a cabo.

Según la OCU, sólo se recicla entre el 15% y el 20% de los aparatos que se venden, aunque los ciudadanos pagan una tasa de reciclaje que va incluida en el precio de cualquier electrodoméstico que se vende. El volumen anual de ese ‘impuesto’ es de 300 millones de euros. La OCU denuncia que los fabricantes se están beneficiando por ello: cobran por reciclar lo que venden, aunque luego no lo reciclan. Y todo ello ocurre ante la pasividad de la Administración, asegura la OCU.

Desde hace tiempo, las plantas de reciclaje han estado denunciando que tienen menos trabajo del previsto porque a sus instalaciones llegan menos aparatos de los que deberían hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de ellos que se venden y se desechan cada año.

Para averiguar dónde estaba el ‘agujero negro’, la OCU ha llevado a cabo una curiosa investigación y ha colocado 15 emisores de localización GPS en otros tantos electrodomésticos usados. Después, los mandó a la basura, deshaciéndose de ellos en los puntos previstos por la normativa para que fueran reciclados. Lo que comprobó es que nueve de esos 15 aparatos no se gestionaron correctamente.

Los aparatos usados eran cuatro frigoríficos, cuatro lavadoras, cuatro televisores y tres ordenadores de mesa. Todos ellos deben reciclarse bien porque contienen sustancias tóxicas que hay que extraer de forma controlada. La OCU se deshizo de los aparatos de las tres formas previstas para su correcto reciclaje: 11 se depositaron en puntos limpios; tres fueron retirados a domicilio, al entregarse otro recién comprado, y uno más fue entregado en una tienda en la que se compró un aparato similar.

Después, se siguió el curso de los aparatos durante tres meses, gracias a los GPS ocultos en su interior. La OCU comprobó que algunos se manipularon en lugares no autorizados como chatarrerías, desguaces, naves y descampados y también descubrió que algunas de estas localizaciones se repiten. Sospechan por ello que hay “circuitos paralelos” , no autorizados, de desguace y chatarrería.

En el curso del seguimiento GPS de sus electrodomésticos trampa, la OCU comprobó que algunos fueron despedazados directamente, sin control. Y también vieron que incluso cuando el sistema funciona por el cauce adecuado, no es muy eficiente: un frigorífico sí fue enviado a una planta de reciclaje adecuada, pero recorrió 496 kilómetros aunque tenía una a 60 kilómetros.
La tasa oculta y los SGI

Para entender cómo funciona el sistema de reciclaje, hay que tener en cuenta que según la normativa, una parte del precio de cada aparato que se vende en España es una tasa que hay que pagar para que sea reciclado al final de su vida útil. La responsabilidad de que se recicle es de quien lo fabrica. De modo que los fabricantes cargan en el precio de sus aparatos el coste estimado de reciclarlos: unos 20 euros por un frigorífico o cinco euros por un microondas.

La tasa no aparece claramente en la factura, pero todo comprador de un aparato la paga. Por un frigorífico pueden ser unos 20 euros y por un microoondas unos cinco euros. Aunque los fabricantes podrían encargarse ellos mismos de llevar a cabo el reciclaje al que están obligagos, suelen subcontratar esta tarea a otros. Delegan en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), al que sólo pagan por los aparatos efectivamente reciclados, aunque sean una pequeña parte de los comercializados.

Es ahí donde, según la OCU, se encuentra la trampa del reciclaje, pues los ciudadanos están pagando previamente por un reciclaje que muchas veces no se lleva a cabo.
Otros responsables

La OCU critica que el sistema de reciclaje tiene fallos en la mayoría de partes de la cadena. Así, los vendedores deben aceptar los aparatos usados que el consumidor le dé al comprar otros similares, ya sea en el domicilio – al entregar un aparato nuevo- o en la tienda, y cuando lo hacen, deben encargarse de llevarlos a donde se vayan a reciclar. En la práctica, dice la OCU, “son muchos los que evitan asumir esa responsabilidad, directamente negándose a quedarse con el residuo, dando largas, cobrando al usuario y cuando lo hacen, no todos y no siempre se ocupan de ponerlos en la senda del reciclado”.

Tampoco cumplen con su obligación las administraciones, responsables de los puntos limpios donde deben depositarse los aparatos antes de ser enviados a las plantas de reciclaje. La OCU denuncia que “no siempre están en buenas condiciones, están en lugares inaccesibles, mal señalizados, no informan bien de los horarios, o no los cumplen”.

Para la OCU, los perjudidacos son el medio ambiente, los ciudadanos y los recicladores autorizados. El informe completo de la OCU puede leerse aquí y ha sido entregado al a Fiscalía de Medio Ambiente por si considera que la Justicia debe abrir diligencias.

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